El campo se ha despertado y con él un secreto a voces: no se le paga un precio justo tampoco a las producciones nacionales.

La agricultura es esencial para el país -para cualquier país- ya que vertebra el territorio, mantiene viva las zonas despobladas tan en boga ahora con la España vaciada, y, aparte mantiene limpios los campos y montes y evitando incendios, cuidando el paisaje y el medio ambiente. La mayor parte de este trabajo los hacen pequeñas explotaciones de carácter familiar, de tamaño pequeño y mediano, y para que ser agricultor y ganadero se necesita que esta actividad salga también rentable.

Esta rentabilidad justa hasta ahora se ha venido sufragando gracias a la Política Agraria Común (PAC) pero siguen sin ser suficientes porque hay algo que falla en la cadena y hacen que el sistema actual no nos permita ser soberanos alimentariamente. La soberanía alimentaria implica primar a las producciones locales siempre que sea posible y que los pueblos puedan escoger de manera sostenible (ecológica, cultural y económicamente) qué quieren producir y cómo.

La UPA (Unión de Pequeños Agricultores) ha salido a la calle con una clara reivindicación y es que el sector agrícola español no garantiza un precio justo que permita por lo menos cubrir los costes de producción. La mayor parte de los productos se siguen vendiendo al mismo precio que hace 30 años. E incluso en algunos casos a precios inferiores. Sin embargo, los costes que asumen los agricultores y ganaderos (energía, insumos, costes laborales, alimentación del ganado, etc.) sí se han actualizado, subiendo considerablemente.

La primera y gran propuesta que viene del campo es la aplicación de ciertos cambios legislativos que consideran urgentes, como por ejemplo la prohibición de la venta a pérdidas en toda la cadena alimentaria. También que se defina de manera legal qué se considera precio justo para productos perecederos que estén ligados a los costes de producción.

Una solución, ya a nivel de compraventa entre empresas, es que en los contratos se pueda hacer referencia a los precios de producción e incluso que se pueda reconocer la figura del mediador que sirva de árbitro en las relaciones entre el sector de los agricultores y los compradores de la distribución.

 ¿Cómo podemos dar más transparencia a la cadena de alimentación?

Los consumidores que en la mayoría de los casos no son conscientes de que son los intermediarios los que se están llevando gran parte del precio de venta al público, y muchas veces habiendo aportado muy poco valor añadido al producto final.

Una buena solución para facilitar la compra de los productos agroganaderos es que el etiquetado de origen sea obligatorio para todos los productos frescos y manufacturados, y también que se establezcan medidas que regulen la venta directa de los productos agrícolas y ganaderos por cauces directos, haciendo de agricultores y ganaderos puedan llegar al cliente final, ya sea por espacios de compra o por grupos de consumo, por ahora minoritarios.

La cadena comercial justa es posible si se tienen en cuenta ciertas reglas, y si dentro de un marco de libertad, se premia la transparencia y las buenas prácticas. En este caso hay muchos paralelismos entre el sello Fairtrade y un nuevo marco legal de etiquetado, ya que al final es el consumidor el que escoge entre sostenibilidad y justicia, o entre explotación y depredación. Hasta ahora el Comercio Justo hablaba del pago de un precio justo de multinacionales con respecto a productores de países en vías de desarrollo, pero el mismo esquema se está repitiendo ahora entre grandes agentes del sector de la distribución y de agricultores precarizados.

Con todo hay que fomentar la ética de la compra y premiar ya sea en el lineal del supermercado o con la compra directa al agricultor, las iniciativas que pongan en relieve la justicia social ya sea nuestro vecino de la comarca o un agricultor de otro continente.

Si el consumidor llega a ver precios ridículamente bajos, que desconfíe porque se ha hecho a contra margen del primer eslabón que es el que produce el valor más fundamental que es la alimentación.

"El sector agrícola español no garantiza un precio justo que permita por lo menos cubrir los costes de producción"

"La cadena comercial justa es posible si se premia la transparencia y las buenas prácticas"

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